Ciudad de México; 25 de marzo de 2026.– En medio de una sesión marcada por tensiones y negociaciones entre fuerzas políticas, el Senado de la República aprobó en lo general el llamado Plan B de reforma electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, aunque sin uno de sus puntos centrales.
La iniciativa fue avalada con 87 votos a favor y 41 en contra; sin embargo, durante la discusión en lo particular, se eliminó la modificación al artículo 35 constitucional, que proponía ajustar la fecha de la revocación de mandato para hacerla coincidir con las elecciones federales de 2027.
La reserva fue presentada por la senadora Lizeth Sánchez García, del Partido del Trabajo (PT), lo que evidenció la falta de consenso dentro de la coalición oficialista. Con esta decisión, el ejercicio de revocación de mandato se mantendrá en 2028, conforme a lo establecido actualmente en la Constitución.
Reforma avanza sin punto clave
La eliminación de este apartado fue interpretada por legisladores como un debilitamiento de la propuesta original. No obstante, desde la mayoría parlamentaria se optó por retirar el artículo para asegurar la aprobación del resto del dictamen.
El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier Velazco, señaló previamente que la prioridad era mantener la cohesión de la alianza legislativa, aun cuando uno de sus aliados decidiera no respaldar una parte de la iniciativa.
Cambios en gobiernos locales y presupuesto
Pese a la modificación, la reforma mantiene cambios relevantes en otros artículos constitucionales. Entre ellos, el artículo 115, que establece nuevos límites en la integración de regidurías en los ayuntamientos, y el artículo 116, que fija un tope al gasto de los congresos locales, el cual no podrá exceder el 0.7 por ciento del presupuesto estatal.
Asimismo, se contempla una reducción gradual del 15 por ciento en el presupuesto del Senado, que se aplicará entre 2027 y 2030.
Críticas de la oposición
Desde la oposición, legisladores cuestionaron el alcance de la reforma. El senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, afirmó que la iniciativa debilita los contrapesos institucionales y vulnera el federalismo al imponer criterios uniformes a entidades con realidades distintas.
También se generó debate en torno a las disposiciones sobre remuneraciones, que establecen que funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE) y organismos electorales locales no podrán percibir salarios superiores al de la titular del Ejecutivo federal.
En este contexto, la senadora del PRI, Carolina Viggiano Austria, criticó la propuesta y señaló preocupaciones sobre la suficiencia presupuestal para el funcionamiento del organismo electoral.
Un proceso aún en curso
Aunque el dictamen fue aprobado en lo general, la discusión legislativa continúa en el Senado, donde aún deberán desahogarse reservas y votaciones en lo particular.
El proceso forma parte de una de las reformas más relevantes en materia electoral en el actual sexenio, en un escenario marcado por divisiones políticas y debate sobre el equilibrio entre austeridad, autonomía institucional y participación ciudadana.
