San Lázaro. – La diputada federal Cindy Winkler Trujillo, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), presentó una iniciativa para reformar el artículo 199 del Código Penal Federal con el objetivo de aumentar significativamente las sanciones contra quienes, a sabiendas de que padecen una enfermedad venérea u otra afección grave en período infectante, pongan en peligro de contagio la salud de otra persona a través de relaciones sexuales o cualquier otro medio transmisible.
La propuesta plantea elevar la pena actual —de tres días a tres años de prisión y hasta cuarenta días de multa— a una sanción de tres a cinco años de prisión y hasta quinientos días de multa. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia para su análisis y dictaminación.
En la exposición de motivos, la legisladora argumenta que el endurecimiento de las penas reforzaría la capacidad del Estado para castigar conductas peligrosas que afectan a terceros, al tiempo que establece un efecto disuasorio claro, tanto para actos intencionales como para negligencias graves que puedan propagar enfermedades.
“El peligro de contagio constituye una amenaza directa a la salud y a la vida de las personas. Sancionar con tres a cinco años de prisión asegura que la pena sea proporcional al daño potencial, reconociendo la seriedad de exponer a otros a enfermedades contagiosas, ya sea de forma intencional o por negligencia grave”, sostiene el documento.
La iniciativa destaca que el rango de sanción propuesto permite al juez adaptar la pena al grado de culpa, intención y gravedad del riesgo, mientras que la multa de hasta 500 días de salario considera factores como la capacidad económica del infractor.
Asimismo, se subraya que la reforma refuerza la protección de personas en situación de vulnerabilidad, como niñas, niños, adultos mayores o personas con enfermedades crónicas, quienes son más susceptibles a sufrir consecuencias graves por contagio.
Desde una perspectiva de salud pública, la propuesta señala que sanciones más severas incentivan el cumplimiento de normas de higiene, aislamiento y prevención, reduciendo la probabilidad de epidemias o riesgos colectivos. La combinación de prisión y multa, añade, cumple un efecto pedagógico al fomentar una conciencia social de responsabilidad.
Finalmente, la iniciativa indica que esta tipificación se alinea con estándares internacionales de salud pública y derechos humanos, incluyendo recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre prevención de contagios y medidas legales para proteger a la población frente a enfermedades transmisibles.
