En los primeros cinco meses de la presidencia de Claudia Sheinbaum, la política de seguridad en México ha dado un giro radical. La estrategia de «abrazos, no balazos», que caracterizó el mandato de su predecesor, Andrés Manuel López Obrador, ha sido reemplazada por una postura más agresiva y coordinada, impulsada en parte por las demandas del presidente estadounidense Donald Trump.
La presidenta Sheinbaum, junto con su secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ha mostrado resultados tangibles: miles de detenciones de líderes criminales, toneladas de drogas incautadas y laboratorios clandestinos desmantelados. Además, la «Operación Frontera», diseñada para satisfacer las exigencias de Trump, ha ampliado estos logros, reforzando la cooperación entre ambos países.
Expertos como Armando Vargas, coordinador del Programa de Seguridad de México Evalúa, señalan que las extradiciones masivas de capos a Estados Unidos y el aumento de operativos contra grupos criminales evidencian un cambio sustancial en la estrategia de seguridad. Según Vargas, los decomisos de fentanilo han crecido un 600% en comparación con el último periodo del sexenio anterior, y los operativos de las fuerzas armadas han aumentado un 596%.
Por su parte, Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, experto en seguridad y colaborador de El Heraldo de México, considera que los cuatro ejes de la estrategia presentada por García Harfuch —atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia y coordinación— son acertados y responden a las necesidades actuales del país.
Sin embargo, Sophia Huett, especialista en seguridad, advierte que, aunque las capturas de líderes criminales son un avance significativo, los índices de violencia siguen siendo altos en varias regiones. Además, señala que la militarización de la seguridad pública y la falta de consolidación de una estrategia completamente civil siguen siendo desafíos importantes.
El cambio de enfoque también ha traído un nuevo discurso político. Sheinbaum ha enfatizado la importancia de la coordinación entre niveles de gobierno, dejando atrás las confrontaciones partidistas que marcaron el sexenio anterior. Este cambio ha sido bien recibido en estados como Guanajuato, donde las autoridades locales han encontrado un nuevo aliado en el gobierno federal.
A pesar de los avances, las críticas persisten. Algunos analistas consideran que las demandas de Trump han servido como una «coartada» para justificar el cambio de rumbo, mientras que otros cuestionan si esta estrategia será sostenible a largo plazo, dado el complejo entramado de intereses que rodea al crimen organizado en México.
En cualquier caso, el giro en la política de seguridad marca un antes y un después en la lucha contra el crimen en México, reflejando tanto las prioridades internas como las presiones externas que enfrenta el país.
