Guanajuato, Gto. – Durante la sesión ordinaria del Congreso local, el grupo parlamentario de MORENA presentó un punto de acuerdo en el que exhorta a la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo a que, en la elaboración de la Ley del Presupuesto General de Egresos 2025, se respeten los límites salariales establecidos en el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La norma señala que ningún servidor público puede percibir un salario superior al del presidente de la República.
El diputado Ernesto Millán Soberanes, encargado de presentar la propuesta, destacó que, a pesar de los esfuerzos de austeridad implementados a nivel federal durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, aún existen funcionarios en Guanajuato cuyos sueldos superan el máximo permitido por la Constitución. Millán recordó que la administración de López Obrador redujo significativamente los gastos no prioritarios del gobierno, incluyendo la disminución del salario presidencial en un 46.6%.
El legislador indicó que en Guanajuato 79 funcionarios públicos reciben salarios superiores a los $184,468 mensuales, que es lo que gana el presidente de la República. Señaló que, si se ajustaran estos salarios a los límites constitucionales, se podrían generar ahorros de hasta 25 millones de pesos al año, dinero que podría destinarse a programas de apoyo para las personas más vulnerables del estado.
Millán Soberanes subrayó que la reducción de salarios es un tema de justicia social y ética en el servicio público. “El pueblo de México ya sabe que quienes se dedican al servicio público no están para hacerse ricos. Es momento de que todos los servidores, tanto a nivel federal como estatal, cumplan con ese principio”, afirmó.
Asimismo, criticó que en Guanajuato se ha permitido la aprobación de sueldos inconstitucionales año tras año, a pesar de las múltiples iniciativas de MORENA para regularizar los salarios conforme a la ley.
“En MORENA consideramos que la ética política es esencial para el buen ejercicio de nuestras funciones, y que la política debe estar al servicio de la comunidad, no de los intereses personales”, concluyó el diputado.
El punto de acuerdo fue turnado para su análisis a las Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización y de Gobernación y Puntos Constitucionales.
